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Boletín de noticias 13 de abril de 2012
MI AMIGO JUAN
Por: Mauricio García Villegas
La definición más bella que conozco del afecto entre amigos la leí en Aristóteles: "La amistad —dice el filósofo— es un alma atrapada entre dos cuerpos". Siguiendo la lógica de esta definición, cuando uno de esos cuerpos padece una enfermedad, el alma compartida del amigo aliviado sufre casi por igual.
Eso me pasa hoy a mí con uno de mis mejores amigos. Se llama Juan Jaramillo y es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan. Juan es profesor de la Universidad Nacional, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante muchos años, escribe columnas en Semana.com y es una de las personas que más saben en Colombia de sistemas políticos, teoría constitucional e historia del derecho en América Latina.
Escribo de Juan no sólo porque es mi amigo del alma (esa alma compartida) y porque está enfermo, sino porque creo que sus ideas y sus escritos, siendo de una gran importancia para el derecho y para el país, han sido relativamente poco difundidos.
Esta falta de difusión tiene varias causas. En primer lugar, buena parte de las ideas de Juan están consignadas en sentencias de la Corte Constitucional que fueron concebidas por él para ser defendidas por los magistrados titulares para los cuales trabajó durante más de 10 años. Allí, en esas ideas, inspiradas en un conocimiento profundo del derecho constitucional y de la ciencia política, se puede encontrar, creo yo, lo mejor del talento que se puede esperar de un buen juez constitucional. Me refiero a esa capacidad para ver todos los puntos de vista de un conflicto, para analizarlos con juicio, para ponerse en los zapatos de cada uno de los actores y para luego encontrar la decisión más razonable posible. Juan hacía eso con toda naturalidad y lo podía hacer por la simple razón de que así es él en la vida cotidiana. Nunca he conocido un intelectual con una capacidad semejante para oír con atención lo que piensan los demás, para entender sus argumentos y para adoptar un punto de vista propio, que sea prudente y a la vez firme en la defensa de principios.
Más aún, Juan tiene esa virtud que, creo yo, es la quintaesencia del trabajo intelectual; me refiero a la capacidad para tomar distancia crítica con respecto a las ideas, las instituciones y las personas; incluso cuando esas ideas son las propias, esas personas son las más cercanas y esas instituciones son aquellas en las cuales uno trabaja.
Lo segundo que explica la poca difusión de su pensamiento es que Juan Jaramillo siempre ha tenido un exceso de pudor cuando de publicar sus opiniones se trata. La modestia lo ha mantenido casi al margen de ese mundo afanoso y a veces fatuo de las publicaciones. Pero eso no es todo; también cuenta el hecho de que Juan es un tipo poco tolerante con sus propios errores y con las ideas que no están suficientemente pulidas y terminadas. Para publicar, y sobre todo para publicar mucho, hay que tener (salvo para los genios) una cierta dosis de descaro. Si algunos de sus amigos hemos publicado más que él, no es por tener más talento, sino por tener menos pudor.
Siempre he pensado que uno es, en buena parte, lo que los amigos han hecho de uno (el resto son genes indómitos, familia y algunos hechos indelebles de la biografía). Sigo creyendo en eso; sin embargo, ahora que lo escribo, pensando en Juan, siento que su influencia sobre mí pudo haber dado mejores resultados. Por eso, tal vez sea mejor decir que uno termina siendo lo que es capaz de hacer con aquello que los amigos quisieron hacer de uno. Gracias, Juan.
PORTAFOLIO
EPS DEBEN FINANCIARSE CON IMPUESTOS’
Leonardo Villar
Si bajan impuestos a empresas, que se los suban a dueños, dice nuevo director de Fedesarrollo.
A tres días de posesionado como director de Fedesarrollo, Leonardo Villar pisa fuerte y, al referirse a la inminente reforma tributaria, recoge una posibilidad expresada por el presidente Santos en una reunión con la Asociación de Sociedades Científicas de que la salud se financie con impuestos.
Hay quienes dicen que las empresas no generan empleo por la carga parafiscal. ¿Cuál es su posición al respecto?
Los parafiscales y los aportes a seguridad social generan sobrecostos a la contratación laboral y estimulan la informalidad.
La discusión es cómo financiar estas actividades, incluyendo parte de la seguridad social, como por ejemplo la salud con impuestos generales.
Por lo menos una parte de las contribuciones al aseguramiento de las EPS debe hacerse por la vía de impuestos. Si eso se financia con IVA, con impuesto a la renta o con otro tipo de impuestos, los efectos podrían ser muy diferentes y se mantendrían las mismas actividades.
¿Eso implicaría aumentar las tasas de impuestos?
Las tasas y la cobertura de ciertos tributos.
¿Entonces la reforma tributaria debe aprovecharse para que las EPS reciban financiación a través de impuestos?
Las EPS, y otros destinatarios de impuestos a la nómina deben financiarse con recursos generales.
Uno de los objetivos de la reforma tributaria debe ser aumentar el recaudo, para sustituir otras fuentes del ingreso público muy distorsionantes, como los impuestos a la nómina y para cubrir el déficit fiscal.
Aunque este es relativamente sano por la buena situación de la economía, no podemos pensar que se va a mantener indefinidamente.
En algún momento bajará el crecimiento y debemos estar preparados para eso.
¿Cómo recaudar más, teniendo en cuenta que hay una promesa del presidente Santos de bajar la tarifa de renta?
De un lado está el tema del IVA, donde hay campo, no solo unificando tarifas, sino eventualmente considerar algún ajuste en la tarifa general.
En el impuesto de renta, el problema es que hay una lista muy grande de exenciones y de canales a través de los cuales algunas empresas pagan menos que otras.
¿Se debe revisar el impuesto de renta para personas naturales?
En la clase media, mucha gente no paga impuestos, y sobre este tema habrá mucha discusión para ampliar el número de personas que pagan el tributo. En los estratos altos, las personas tienen muchas vías para eludir impuestos y hay que cerrarlas. Si se llegara a bajar la tarifa a las empresas, se debe mantener o, incluso, aumentar la tarifa del impuesto a la renta de las personas que reciben utilidades de las empresas.
¿Qué pasaría con pequeños accionistas como los de Ecopetrol?
Siempre hay montos que se deben eximir como cuando son utilidades de empresas en bolsa. Pero también deben tener límites en cuanto a monto y al beneficiario de las acciones para evitar que salgan a bolsa acciones simplemente para lograr el beneficio tributario, pero son títulos que no se transan.
EL TIEMPO
CIRUJANOS, A RESPONDER POR DESCUIDOS EN POSTOPERATORIOS
Según la Corte, médicos deben garantizar que la recuperación de los pacientes sea definitiva.
Fallo recalca que la obligación de estos médicos no termina con la realización del tratamiento.
En una decisión clave, la Corte Suprema de Justicia les advirtió a los médicos colombianos que no solo son responsables de tener el máximo cuidado y profesionalismo en las intervenciones quirúrgicas que realizan -especialmente las estéticas-, sino que están en la obligación de garantizar por todos sus medios que la recuperación de los pacientes sea definitiva y satisfactoria.
La Corte condenó a un médico de Cali, Manuel de Jesús Caicedo, por una liposucción del 2003 que terminó con daños permanentes para la paciente derivados de una infección que se presentó en el postoperatorio.
Los magistrados impusieron una condena de 4 meses -excarcelable- y lo condenaron a pagar daños y perjuicios por 150 millones de pesos.
En la sentencia, por lesiones personales, la Corte también suspendió al médico para el ejercicio profesional por un año: la mujer tuvo una incapacidad de 45 días, y las secuelas y deformidades físicas que afectaron su cuerpo son de carácter permanente.
En la sentencia, la Sala Penal de la Corte describe que el médico habría incurrido en un eventual error en "la introducción superficial de las cánulas entre los planos de la piel del abdomen, causando la ruptura de arterias y venas y la falta de irrigación de los vasos sanguíneos de la dermis".
La paciente pudo demostrar que su situación se agudizó en la fase postoperatoria y avanzó a una necrosis, especie de gangrena, que desencadenó una grave infección.
El alto tribunal argumentó que dichas patologías no recibieron tratamiento especial por el galeno y que, además de indicios de una posible práctica errada en la misma intervención, el médico se desentendió del cuidado de una paciente que presentó complicaciones, y que los daños surgidos de esas complicaciones se pudieron prevenir.
Y señala que el hecho de que un paciente firme el acta de consentimiento sobre los riesgos quirúrgicos no exime a los médicos de realizar todos los procedimientos posibles para controlarlos.
La sentencia dice que "la protección del paciente no termina para los médicos con la realización del tratamiento sino que se extiende al momento en que sea dado de alta con carácter definitivo -que va más allá de la sola salida de la clínica o centro de atención- o (de que) la persona sometida al tratamiento lo abandone voluntariamente".
Y agregan los magistrados que "una vez culmina con éxito o incluso con algunas complicaciones el procedimiento quirúrgico o el tratamiento no invasivo, se inicia una fase igual o de mayor cuidado que la operatoria y que a veces es dejada de lado u olvidada".
"Si el postquirúrgico es adecuado, satisfactorio o integral, garantiza la recuperación, curación o aminoración del padecimiento aflictivo de la salud", dice la sentencia.
Después de conocer el fallo, el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Juan Santamaría, afirmó que "lo que dice la Corte Suprema es lo que los médicos hemos hecho toda la vida".
"Es la esencia del quehacer médico y es lo que hemos aprendido y lo que exige nuestro código de ética. Los tratamientos deben ir hasta el final", agregó.
MINJUSTICIA CRITICÓ A LA JUDICATURA Y DIJO QUE INSISTIRÁ EN ELIMINARLA
Juan Carlos Esguerra acusó a la Judicatura de no saber administrar los recursos de la rama.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, criticó duramente al Consejo Superior de la Judicatura y lo acusó de no saber administrar ni invertir los recursos de la Rama Judicial, por lo que advirtió que el Gobierno insistirá en su eliminación definitiva.
Esguerra afirmó que se incrementarán los recursos de la Justicia, pero aclaró que no deberían dárselos a la Judicatura.
"Lo importante es dárselos a la Justicia y no al Consejo Superior de la Judicatura, que ha demostrado que no los sabe administrar ni invertir como corresponde", precisó el funcionario.
Durante el inicio de la discusión del quinto debate de la reforma de la Justicia, en la Comisión Primera del Senado, Esguerra agregó que "la posición del Gobierno sigue siendo la de plantear la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, todo él, la Sala Administrativa y la Sala Disciplinaria".
Sin embargo, el Polo Democrático se mostró en desacuerdo con la eliminación definitiva de la Judicatura. El senador Juan Carlos Avellaneda afirmó que "lo hago sobre la base de que la Rama Jurisdiccional debe tener autonomía, y también presupuestal".
La votación del proyecto será el próximo martes y en él se mantendrá la intención de quitarle al Procurador la facultad de investigar congresistas, pero haciendo la salvedad de que las investigaciones que actualmente están en curso no se verán afectadas por la medida.
"Fue compromiso del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, cuando se posesionó, que debía acabarse el modelo de 'tú me eliges y yo te investigo'. Eso no queda bien (...) nosotros estamos siendo consecuentes con la decisión de Ordóñez", explicó el senador Hernán Andrade.
UNA SORPRESA INQUIETANTE
Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Hay una realidad de la cual el expresidente Uribe es consciente pero no, al parecer, el fiscal Montealegre. Me refiero a las gravísimas fallas de la justicia ordinaria.
En este país de vocación temeraria, cada día que pasa nos reserva una sorpresa. Las que ahora nos obsequia Petro no llegan a inquietarnos. Son anuncios que brillan un momento, como luces de bengala, pero se apagan apenas descubrimos que detrás de ellos no hay proyectos sustentados en una rigurosa planeación.
Son ante todo anuncios que buscan un efecto mediático.
Hay, en cambio, sorpresas reales e inquietantes como la que dio a conocer hace pocos días el nuevo Fiscal, Eduardo Montealegre, cuando en una entrevista en Noticias Uno se mostró tajantemente opuesto al nuevo artículo sobre el Fuero Militar incluido en la reforma constitucional que discute el Congreso. Aun si es aprobado -dijo-, se negaría a suministrar todos los expedientes de militares que tiene la Fiscalía. Sólo entregaría aquellos donde la Justicia Penal Militar se muestre, según su concepto, "verdaderamente competente". Teme una excarcelación masiva de militares por pérdida de competencia y vencimiento de términos.
Sin duda, el doctor Montealegre, cuya solvencia ética y jurídica es incuestionable, no ignora que el Fuero Militar existe en los países democráticos (solo en Francia y Bélgica no lo aplican en tiempos de paz) porque se considera que la justicia ordinaria carece de la necesaria competencia para juzgar las infracciones penales de los militares, sobre todo en tiempos de guerra o de conflicto cuyas normas de acción en los teatros de operaciones son totalmente desconocidas por los jueces civiles. Es lógico pensar que esta norma tiene plena validez en Colombia, donde las Fuerzas Armadas enfrentan guerrillas, terrorismo, narcotráfico y bandas criminales.
¿Por qué entonces negarles tal fuero? Me temo que este recelo del nuevo Fiscal tiene su origen en el escándalo de los 'falsos positivos' y la certidumbre de que la Justicia Penal Militar no supo actuar con la celeridad y rigor para castigar este horrendo delito, cometido por elementos marginales del Ejército, a espaldas de todos los mandos.
La misma impresión movió al presidente Uribe a dejar sin mayor validez el Fuero Militar. Fue un error que él hoy reconoce. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. En efecto, hay una realidad de la cual el expresidente Uribe es consciente pero no, al parecer, el fiscal Montealegre. Me refiero a las gravísimas fallas de la justicia ordinaria. Además de que es muy poco exigente en la formación de jueces y fiscales, realidad que de hecho la muestra lenta y sesgada, está expuesta a cometer por ello graves errores y terribles injusticias a la hora de examinar acciones armadas del Ejército. Pero, además, se ha mostrado propicia para que agentes políticos de las Farc la infiltren y con base en falsos testigos consigan meter entre rejas a los más eficientes oficiales. Por su parte, colectivos de abogados de extrema izquierda y agentes del narcotráfico introducen la corrupción con ofertas de dinero para obtener condenas y medidas de aseguramiento conforme a sus particulares intereses.
Si el fiscal Montealegre tuviese tiempo y ocasión de ver cómo estos manejos se ocultan hoy en día tras la detención de más de dos mil militares, si viese la terrible situación que afrontan sus familias al cabo de tres o cinco años de reclusión sin juicio alguno y la desmoralización que todo esto produce en las Fuerzas Armadas, comprendería que su rechazo al Fuero Militar es injusto y precipitado.
Tiene razón el presidente de Acore cuando habla de la soledad de los militares y de "la avalancha de injusticias" que se están cometiendo contra ellos mediante acusaciones manipuladas, y cómo todo esto requiere una reacción de la sociedad civil. Lo que está en juego no es poca cosa.
EL ESPECTADOR
PLIEGO DE CARGOS CONTRA POR EXGERENTES DE CAJANAL POR DOBLES PAGOS
Dicha acción registró un multimillonario detrimento en la entidad.
La Procuraduría General formuló pliego de cargos a los exgerentes de Cajanal, Augusto Moreno Barriga y Julia Galdys Rodríguez, por su presunta omisión en los controles para el doble pago a beneficios de la entidad, lo cual generó un multimillonario detrimento.
Según el Ministerio Público, los dos exfuncionarios incurrieron en graves irregularidades en sus funciones, puesto que dentro de la entidad se presentaron muchos casos en la Caja Nacional de Previsión Social, sobre doble pago de prestaciones a una sola persona.
En su decisión, la procuraduría segunda delegada para la vigilancia admnistrativa señaló que Augusto Moreno y Julia Gladys Rodríguez, no evitaron que se realizaran dobles pagos a beneficiarios de la Caja Nacional de Previsión Social, afectando las finanzas internas.
Los dos exgerentes ya habían sido sancionados disciplinariamente en Diciembre de 2010 por violación al derecho de petición y por desacato a fallos de tutela.
Augusto Moreno, en ese entonces fue sancionado disciplinariamente para ocupar cargos durante un término de ocho meses y una multa superior a los 60 millones de pesos, por violación al derecho de petición y por desacato a fallos de tutela.
Por su parte, Julia Gladys Rodríguez, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos durante dos meses y una multa de 15 millones de pesos, por violación al derecho de petición y por desacato a fallos de tutela.
En este proceso existieron más de cuatro mil quejas e informes de funcionarios judiciales, relacionados con falta de respuesta o respuesta por fuera de los términos legales a derechos de petición, lo mismo que innumerables desacatos a decisiones adoptadas por los jueces.
DURA ARREMETIDA DE MINJUSTICIA CONTRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Juan C. Esguerra considera que ese tribunal ha demostrado que “no sabe administrar ni invertir como corresponde” los recursos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defendió este jueves en el Senado de la República la idea de eliminar la sala administrativa y la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Esguerra aunque admitió que es necesario establecer una fórmula adecuada para darle más recursos a la justicia, dijo que el Consejo no ha sido un buen administrador de lo que se le entrega del presupuesto de la Nación.
“Lo importarte es darle recursos a la justicia y no al Consejo Superior de la Judicatura que ha demostrado que no sabe administrar ni invertir como corresponde (…) este Gobierno hará los esfuerzos que sean necesarios y que esté en posibilidad de hacer para dotar de recursos a la Justicia pero nunca se trata de privatizar a la justicia”, aseguró el ministro en diálogo con los periodistas.
Y pese a que en la ponencia de la reforma a la justicia tan solo se busca la eliminación de la sala administrativa, Esguerra consideró necesario eliminar todo el tribunal para dar paso a otra iniciativa en la administración de la rama judicial, y la investigación y juzgamiento de los jueces y abogados.
“La posición del Gobierno sigue siendo la de plantear la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, todo él, la Sala Administrativa y la Sala Disciplinaria”, sostuvo.
En cuanto a los tiempos para la aprobación de la reforma en su restantes cuatro debates, el jefe de la cartera de la justicia dijo que “este periodo de sesiones es breve y por consiguiente tenemos un calendario apretado pero los cálculos que hemos hecho en la medida en que este quinto debate (en comisión primera de Senado) deba concluir en el curso de la semana entrante, vamos bien”. El acto legislativo debe ser aprobado en su totalidad antes del 20 de junio para que no se hunda por trámite.
El debate de la reforma en quinto debate será retomado el próximo martes en la comisión primera del Senado.
PROCURADURÍA SEGUIRÍA CON PROCESOS ACTUALES CONTRA CONGRESISTAS
La idea de quitar la facultad de investigar a los congresistas al Ministerio Público sólo operaría hacia futuro, según la reforma a la justicia.
Este jueves al iniciar el debate en la comisión primera del Senado de la reforma a la justicia en su quinto de ocho trámites de aprobación, los senadores han hecho claridad sobre el alcance del artículo del acto legislativo que busca quitarle a la Procuraduría la facultad de investigar a los congresistas.
En medio de las críticas que han recibido de varios sectores de opinión por esa iniciativa, los parlamentarios han señalado que los actuales procesos disciplinarios que contra congresistas están en marcha, no se verán afectados.
El presidente de la comisión primera, el senador Luis Fernando Velasco, dijo que “no vamos a cortar esas investigaciones porque aquí (en el Congreso) lo que estamos definiendo es hacia el futuro”.
A su turno, el senador Hernán Francisco Andrade dijo que “fue compromiso del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, cuando se posesionó, que debía acabarse el modelo de ‘tú me eliges y yo te investigo’, eso no queda bien (…) nosotros estamos siendo consecuentes con la decisión de Ordóñez”.
“No está bien nunca que a quien uno elige, sea a su vez quien lo investigue…eso no queda bien ni aquí ni en ninguna parte”, agregó Andrade.
Congresistas, a impedir que Procurador los investigue y sancione
El artículo 277 del acto legislativo establece que el jefe del Ministerio Público podrá “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular excepto los congresistas, de los miembros de la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura cuando la Constitución y la ley no asignen dicha competencia a otra autoridad; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.
Causa impresión la idea que nació en el Capitolio Nacional pues el actual procurador, Alejandro Ordoñez Maldonado, ha sancionado a 18 legisladores por distintas causas disciplinarias.
La lista de congresistas sancionados por el procurador es: Amparo Arbeláez, Germán Olano Becerra, Iván Moreno Rojas, Piedad Córdoba Ruíz, Alirio Villamizar, Dieb Maloof Cuse, Luis Alberto Gil, Álvaro García, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge Luis Caballero Caballero, Salomón de Jesús Saade Nader, José Rosario Gamarra Sierra, Alfonso Campo Escobar, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Manuel Julián Mazeneth y Jensy Acosta.
EL NUEVO SIGLO
DIANA SOFÍA GIRALDO
El día de solidaridad con las víctimas planteó una pregunta obligada: ¿qué sigue?
Se dieron ya los primeros pasos. Las víctimas que durante tanto tiempo permanecieron en la penumbra, mientras los reflectores mediáticos enfocaban a los victimarios, son cada día más visibles. Tienen mayor reconocimiento. Los colombianos son más solidarios con ellas, quieren conocer a fondo su tragedia, reparar los daños que sufrieron, hacerles justicia, apoyarlas en su tránsito de víctimas a sobrevivientes. Hay afán por recuperar el tiempo perdido y reacomodarlas en el lugar que les corresponde dentro de la sociedad.
Además, comienza a aplicarse la Ley de Víctimas, en medio de un deseo unánime de acertar. Es el momento de pensar bien cuáles son los pasos siguientes en este largo camino de sanación nacional, pues el proceso de recuperación no es fácil ni corto. Demorará probablemente más de una generación, lo cual no es nada extraño pues más de una ha crecido en medio de la violencia que se volvió endémica.
Por lo pronto, hay tres pasos indispensables para enrumbar acertadamente el futuro: la desideologización, la presencia de las víctimas en los procesos de paz y su colaboración como gestoras de paz.
Sería un gravísimo error ideologizar el tema, para usar a las víctimas como batallones de lucha política. Ya pusieron su alta cuota de dolor y sería absurdo que resultaran victimizadas, por segunda vez, al usar su sufrimiento como combustible de empresas sectarias, convertirlas en fuerzas de choque y transformar sus padecimientos en odio que envenene la vida en común.
Un segundo paso es la participación en eventuales procesos de paz. Hasta ahora las conversaciones se han adelantando en mesas de tres patas: Gobierno, victimarios y lo que dio en llamarse sociedad civil. ¿Y las víctimas? Ellas son la parte más débil de la cadena de violencia, piezas fundamentales en la curación de los traumas, individuales y colectivos, actoras insustituibles de la reconciliación y las únicas con derecho a perdonar. Son la cuarta pata de la mesa.
Las víctimas deben ser gestoras de paz. Hasta ahora se emplearon victimarios para desempeñar esa tarea, cuyos efectos están por evaluarse. ¿Por qué no apelar a las víctimas? Nadie mejor que ellas como instrumentos eficaces para enseñar la ley en sus comunidades, ser veedoras de su aplicación, y hacer la pedagogía de la paz entre los principales damnificados por la violencia.
Si un victimario puede ser gestor de paz ¿por qué no puede serlo su víctima? Ahí tiene el país un inmenso potencial, desperdiciado porque no lo ve en medio de la polvareda levantada por los intentos de ideologizar el tema, ignorar los derechos de la víctima, convertir su dolor en resentimiento, pensar que la paz se logra hablando solo con los victimarios y desconceptuar a los que padecieron sus desmanes.
En cambio de tenerles miedo a los que sufren, emplearlos como gestores de paz ayudaría a sublimar su dolor. Le ratificaría al país que las víctimas son más importantes que los victimarios y que la paz es más viable con la colaboración de todos e imposible, absolutamente imposible, sin la presencia activa de las víctimas.
REVISTA SEMANA
MAGISTRADO AUGUSTO IBÁÑEZ RENUNCIA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Por ahora se sabe que el magistrado Ibáñez adujo en su carta razones personales.
El expresidente de la Corte Suprema e integrante de la sala penal Augusto Ibáñez presentó carta de renuncia irrevocable como magistrado de ese alto tribunal.
Los 22 magistrados de la Corte Suprema se tendrán que reunir en las próximas horas para analizar la renuncia del Ibáñez y así tomar una decisión.
Cuando fue presidente de la corte, al magistrado se le conoció por sus férreas posiciones en un momento en que el alto tribunal mantenía un choque con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
En septiembre de 2010 la corte denunció amenazas contra el magistrado y pidió al Gobierno protección para el jurista y para otros magistrados quienes fueron víctimas de esta situación.
En esa época se dijo que las amenazas provenían de una "'denuncia' procedente de la cárcel de Palo Gordo de Girón, Santander".
CARACOL RADIO
SEIS CAMBIOS CLAVES DE LA REFORMA A LA JUSTICIA.
La ponencia del proyecto de acto legislativo que busca reformar la justicia tiene temas de fondo como la competencia de la Procuraduría, la Contraloría y la Corte Suprema deJusticia en investigaciones sobre congresistas, magistrados, Vicepresidente yPresidente de la República.
Pero también, este proyecto tiene impacto en los ciudadanos del común. Por ejemplo,se propone que haya detención hasta por tres días a quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez.
Control fiscal para todos
La Contraloría General de la República podrá investigar a todos los funcionarios y exfuncionarios, incluso a quienes tienen fuero constitucional. Los únicos que no podrán ser investigados por la Contraloría son el Presidente de la República, el Vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional. El presidente de la comisión primera del Senado y ponente del proyecto de acto legislativo, Luis Fernando Velasco, dijo que este punto busca que haya aforados pero sin impunidad.
Procurador no investigará a congresistas
Los congresistas no serán investigados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación. Ahora, lo hará una nueva de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión busca poner fin al "yo te nombro tú me investigas", sostiene el congresista Velasco. Explicó que los integrantes de la nueva sala que los investigará disciplinariamente en la Corte Suprema de Justicia serán escogidos por la misma rama judicial.
Congresistas tendrían doble instancia
Otro punto de la ponencia, es que los parlamentarios tendrían derecho a una segunda nstancia. De acuerdo con el senador Eduardo Enríquez Maya, los congresistas tendrán segunda instancia en sus procesos ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
"Hoy un congresista, que cometa un delito por desfortuna (sic), recibe hasta cuatro sanciones por el mismo hecho y en única instancia. Ahora, con esta modificación existirá una doble instancia en el Consejo de Estado y doble instancia en la Corte Suprema de Justicia", explicó Enríquez Maya.
Justicia en manos de particulares
Por otra parte, y de manera temporal, particulares como notarios y abogados podrán impartir justicia. Esta medida busca descongestionar los juzgados, donde se estima hay 5 millones de procesos represados.
Capturas sin orden judicial
Este es uno de los artículos más polémicos. La Policía Nacional podrá hacer capturas sin orden judicial previa, cuando una persona pueda estar poniendo en riesgo su vida o la de otras personas, como los conductores borrachos o quienes amenazan con suicidarse. Ellos estarían detenidos hasta por 72 horas. Sin embargo, se aclara que el agente de la Policía que realice la captura deberá presentar al detenido ante "una autoridad administrativa" que podría ser un inspector de policía.
No más denuncias anónimas a congresistas
Si un ciudadano pretende denunciar a un congresista deberá hacerlo con nombre propio. Las autoridades no podrían recibir denuncias contra parlamentarios mediante anónimos. El senador Luis Fernando Velasco dijo que este punto busca que haya responsabilidad en quienes hacen denuncias. "Es que debemos ser responsables. De 12 mil procesos que arrancaron en la Procuraduría General de la Nación como anónimos, se archivaron 7 mil", argumentó.